Si bien es cierto la Agroindustria de Exportación No Tradicional ha crecido en nuestro país y se ha traducido en un sector clave del movimiento laboral de miles de jóvenes, mujeres y hombres, que laboran en este sector. Lamentablemente está bonanza contrasta con los reducidos ingresos y deficientes condiciones laborales de las trabajadoras; cuya pobreza es evidente en los enormes asentamientos humanos que han tenido que fundar o engrosar alrededor de las haciendas y empresas donde trabajan.
Dentro de estos relativamente nuevos destacamentos de la clase obrera, las mujeres constituyen un porcentaje mayoritario, lo cual acrecienta la importancia de su problemática y reivindicaciones específicas. A la sobreexplotación que las mujeres sufren conjuntamente con sus compañeros de trabajo, se suman situaciones de discriminación por maternidad, rutinas de trabajo en condiciones que perjudican especialmente su salud, situaciones de acoso sexual y agresión que suman a la larga lista de derechos vulnerados y no reconocidos.
El Estado peruano no ha diseñado equitativamente políticas de promoción agraria, que favorezcan en condiciones de equidad a los inversionistas y trabajadores, por el contrario a fin de favorecer a la industria de la agro exportación se ha legitimado un régimen laboral especial, la Ley No. 27360 denominado Normas de Promoción del Sector Agrario, por el cual mujeres trabajadoras, carecen de normas laborales completas y se regulan más bien por trabajo por temporadas, donde si bien cuentan con seguro social es difícil de asumirlo debido a las dificultades de contar con tres o más meses de trabajo en forma permanente. Es por ello, que Ley 27360 lo único que ha logrado es hacer más precaria las condiciones laborales de hombres y mujeres de la agroindustria, al establecer menos vacaciones, menos indemnizaciones por despido arbitrario, perenniza en la temporalidad a trabajadoras que podrían gozar de un trabajo estable y limita la organización sindical.
Por ello este 1º de mayo invocamos a la ciudadanía, electas congresistas y candidatos a la presidencia, a revisar la situación de los y las trabajadoras de la agroindustria, promoviendo acciones urgentes que contribuyan a fortalecer un trabajo digno, que respete los Derechos humanos y la dignidad de las mujeres.
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